ElMundo. No es nada nuevo que una de las asignaturas pendientes en nuestro país es la modernización del parque inmobiliario. De hecho, de acuerdo con un estudio de una plataforma digital, realizado con datos del Catastro, el 51,2% de los inmuebles residenciales en España (25,2 millones de viviendas) tiene más de 40 años y el 83% tiene más de 18. Desde el punto de vista energético, esto se traduce en ineficiencia y gasto, especialmente ahora, con el precio de la energía desbordado.
Para cubrir esa brecha, a mediados de junio entró en vigor el plan de rehabilitación y regeneración urbana del Gobierno que canaliza fondos europeos por valor de 3.420 millones de euros para impulsar la mejora de la eficiencia energética de edificios, barrios y viviendas particulares.
Los expertos señalan que la medida es, sin duda, un gran impulso de cara a la necesaria modernización del parque inmobiliario y reducir el consumo en los hogares, pero no son suficientes. «Teniendo en cuenta que, en el caso de los particulares, las ayudas son deducciones fiscales, lo más probable es que las personas solicitantes de las mismas necesiten solicitar un préstamo personal para emprender reformas de gran envergadura. De hecho, el presupuesto medio que destinan los españoles a este tipo de obras es de 15.000 euros y más de un 9% recurren a préstamos para poder pagarlas», aseguran.
¿CÓMO FUNCIONAN LAS AYUDAS DEL GOBIERNO?
La ley, que entró en vigor el pasado 16 de junio tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla dos tipos de ayudas. La primera es una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales que cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de euros. A través de estas, el Estado se convertirá en aval de hasta el 50% de la financiación que soliciten las comunidades de vecinos a los bancos para realizar obras de mejora en el conjunto residencial, por ejemplo, en fachadas o cubiertas.
Los préstamos, eso sí, no podrán superar los 30.000 euros por propietario y deberán asociar un plazo de devolución de máximo 15 años. Esta línea de crédito permitirá movilizar 2.200 millones de euros, teniendo en cuenta que cubren únicamente la mitad de la financiación. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar la concesión de estos avales.
El segundo tipo de ayudas están dirigidas a los propietarios a título personal, toman la forma de deducciones fiscales en el IRPF por obras que mejoren la eficiencia energética de la vivienda habitual. Con un presupuesto de 450 millones de euros, se podrá acceder a estos incentivos en tres supuestos: del 20% por actuaciones que reduzcan en un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, con un límite de 5.000 euros anuales; del 40% por reducciones del 30% en el consumo de energía no renovable y un máximo de 7.500 euros, y, finalmente, del 60% por obras en edificios residenciales que disminuyan en un 30% el consumo mencionado en el anterior tramo o que mejoren la calificación energética hasta A o B (los niveles más altos en calificación de eficiencia energética). El periodo de aplicación de estas deducciones finaliza el 31 de diciembre de 2022.
